Según datos publicados por el Ministerio, en el caso de la educación secundaria, más del 75% de los padres y el 65% de los profesores conceden bastante o mucha importancia a la educación para la salud, la paz, la educación ambiental, sexual y para el consumo. Sin embargo, uno de los elementos comunes en las leyes de educación de las últimas décadas es la polémica provocada por el tratamiento de estos temas transversales. Puede afirmarse que todas las que se han creado desde 1990 hasta la actual, LOGSE, LOCE, LOE y LOMCE, aportaban aspectos positivos en el tratamiento de los valores. Pero, ¿cómo ha variado el tratamiento de los valores en la legislación educativa en las últimas décadas?, ¿qué conclusiones podemos extraer de ese tratamiento?
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La reciente legislación educativa se propone proporcionar una “educación completa” y para ello destaca el carácter transversal de la educación en valores. Figuran entre sus fines el ejercicio de la tolerancia y el respeto a los derechos, la pluralidad, los seres vivos y el medio ambiente. A diferencia de otras leyes anteriores, la LOMLOE también menciona el carácter transversal de la competencia digital y la creatividad.
El origen de los temas transversales en la legislación educativa y el concepto de «ciudadanía»
Desde 1976, se incluyó en la legislación educativa el tratamiento de temas relacionados con los principios democráticos y la convivencia en la educación general básica. Sin embargo, aún no se subrayaba el carácter transversal de estos contenidos. Fue en los diferentes decretos que desarrollaban los contenidos de la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990) cuando aparecieron por primera vez los «temas transversales». Igual que la LOMLOE menciona el planteamiento de “aprendizaje para toda la vida”, en el caso de la LOGSE se proponía por primera vez el desarrollo pleno de la personalidad del alumnado.
Así, se hablaba de educación integral y de valores morales, en un contexto amplio, «personal, familiar, social y profesional». Cabe destacar que esta Ley centraba sus esfuerzos para la mejora de la educación en la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa.
También se insistía en la LOGSE en que el tratamiento de estos contenidos transversales suponía «una nueva dimensión al currículum, porque no debían tratarse en áreas aisladas o unidades didácticas no relacionadas con el resto de los contenidos». Muy al contrario, su carácter transversal obligaba a tratarlos como dimensiones o temas recurrentes. El enfoque fue entonces el de la educación moral y cívica, tanto en su dimensión individual como social, insistiendo sobre todo en el concepto de «ciudadanía«.
Los temas transversales no corresponden a una asignatura en particular y por ello se tratan en varias: no son temas «paralelos» a las áreas sino «transversales»
Un intento fallido de destacar la importancia de la responsabilidad y el esfuerzo
La fallida Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, que nunca llegó a aplicarse, mencionaba entre sus principios «la consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del proceso educativo».
De este modo el esfuerzo y la responsabilidad se destacaban como requisitos imprescindibles del aprendizaje y valores claves que la educación debe transmitir. Las implicaciones de este enfoque en el desarrollo de la Ley eran diversas, por ejemplo, en la definición de las pruebas de evaluación. Sin embargo, este planteamiento supuso uno de los aspectos más polémicos de la Ley. En cualquier caso, debe relacionarse con el objetivo que se imponía la LOCE de frenar el aumento del fracaso escolar.
Periodo de reformas y polémicas
La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 consideraba la educación como «el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática«. Por ello, incluyó una nueva asignatura obligatoria: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Este punto supuso un gran revuelo político, hasta entonces, sin precedentes, al conceder además carácter voluntario a la asignatura de Religión. La nueva asignatura tendría carácter evaluable y venía a reducir la carga horaria de otras asignaturas. Además, sus detractores la consideraban una asignatura dirigida a adoctrinar al alumnado. También consideraban que esta Ley era un paso atrás al disminuir la exigencia al alumnado, porque podía pasar de curso con materias suspendidas.
El peso de la nueva asignatura en todas las etapas aunque con diferente denominación sustituía la importancia anterior de los contenidos transversales. El objetivo era evitar que las asignaturas tradicionales, de más contenido curricular y tradicionalmente más «importantes», impidiera tratar estos contenidos relacionados con los valores. Esto explica la creación de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos y Educación ético-cívica.
La nueva asignatura pretendía invitar a la reflexión sobre la base y el funcionamiento del la democracia y de los principios recogidos en la Constitución. Además, se recuperaba el concepto de esfuerzo, pero no sólo al del alumnado sino también al esfuerzo compartido por docentes, instituciones y familias.
La inclusión de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía supuso un debate, lamentablemente más político que social, sobre los fines de la educación y la formación de ciudadanos
Más leyes y más desacuerdos en el tratamiento de los valores en la legislación educativa
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013, sustituyó la asignatura de Educación para la Ciudadanía por las asignaturas Valores sociales y cívicos (Primaria) y Valores éticos (Secundaria). Eran alternativas a la asignatura de Religión. Con este hecho se produjeron las mayores polémicas, agravadas por la situación en un periodo de confrontación política y crisis. Este contexto también está relacionado con el objetivo de la Ley de mejorar la empleabilidad e incluso estimular el espíritu emprendedor del alumnado.
La eliminación de Educación para la Ciudadanía se justificaba en la intención de volver a tratar la educación en valores de forma transversal. La idea era también reforzar el desarrollo de las competencias sociales. De nuevo, la necesidad de mejorar los datos de abandono de escolar justificaba también el planteamiento de la evaluación basada en criterios internacionales. De hecho, los redactores de la Ley quisieron recibir el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde este organismo se les orientó acerca de medidas que favorecieran la equidad, previnieran el abandono escolar y aumentaran el rendimiento del alumnado. Entre estas medidas destacarían la imposición de los estándares de aprendizaje como elemento curricular y las evaluaciones diagnósticas finales externas. También destacan las mejoras planteadas por la OCDE sobre la Formación Profesional, aunque se advirtió la necesidad de reforzarla más y apoyar a su profesorado.
Reflexiones sobre el tratamiento de los valores en la legislación educativa
- Los cambios sociales durante todas estas décadas justifican gran parte de su evolución en el tratamiento de los valores en las diferentes leyes.
- Desde diferentes enfoques en todas las leyes y propuestas pueden encontrarse avances y aspectos positivos. Sin embargo a politización ha impedido el consenso y en muchos casos la implantación real de mejoras.
- Se trate de un tratamiento transversal o en asignaturas específicas, la responsabilidad sobre la educación en valores no puede recaer únicamente en las aulas.
- El tratamiento transversal de estos contenidos sólo es posible si en lugar de un enfoque teórico o ideológico se ofrece un planteamiento práctico y próximo al alumnado.
- El objetivo no puede ser otro que hacia la educación de ciudadanos conscientes, participativos y con valores.
- También en el tratamiento de los valores la personalización es un aspecto determinante para conseguir el éxito.
- Ninguna Ley hasta ahora ha conseguido reducir los mayores problemas: el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.
- El éxito de la educación en valores en la educación básica obligatoria no dependerá de posturas políticas sino de la convicción y preparación del profesorado.
- La educación inclusiva debe consistir en el compromiso del sistema educativo de facilitar a todo el alumnado el aprendizaje, con los mismos derechos y en igualdad de oportunidades.
